Por: Redacción – Panorama Económico
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de amparo de garantías constitucionales y una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra la decisión del Tribunal Administrativo Tributario, relacionada a un contribuyente cuya actividad era el comercio al por menor y que, con anterioridad, la Dirección General de Ingresos (DGI) había negado.
A través de un comunicado el MEF, el Tribunal Administrativo Tributario (TAT) había aprobado “una cesión de crédito fiscal derivada de un arrastre de pérdidas y ordena acreditarle injustificadamente un monto millonario, a una empresa dedicada al comercio al por menor, en los periodos fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, y 2020, y que en virtud de acuerdo, cede los mismos a otra empresa contribuyente”.
Resalta el escrito que, la citada solicitud, había sido negada por la Dirección General de Ingresos, y por ende, “no se aprobó el Acuerdo de Cesión de Créditos Fiscales presentado, ya que, en cuanto al régimen de arrastre de pérdidas, lo cual no es un crédito fiscal, el artículo 698-A, del Código Fiscal define y establece el procedimiento a seguir, por los contribuyentes que sufran pérdidas y esta figura tributaria sólo es aplicable a las declaraciones de rentas en trámite, beneficio que no es transferible, aún en los casos de consolidaciones o fusiones”.
Indica el ministerio que las demandas están fundamentadas en que “no se puede reconocer un crédito fiscal inexistente, ya que la resolución demandada, a nuestro criterio, es improcedente e ilegal, de allí que se haya pedido su revocatoria, que ante la inobservancia de los procedimientos y normas regulatorias, la misma ocasiona un grave perjuicio económico al fisco, y además, sienta un precedente funesto e inaceptable, en los procedimientos tributarios y fiscal que llevan a cabo las empresas contribuyentes”.
