Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La extensión de la Ley de Interés Preferencial permitiría preservar más de 60,000 empleos en el sector inmobiliario y reactivar sectores clave como el transporte, el comercio y la manufactura de materiales, impulsando así la construcción de viviendas sociales.
Esta conclusión se desprende del Estudio “Impacto de la Política de Crédito Hipotecario y estrategias alternativas de financiamiento” realizado por Eric Molino Ferrer, César Tucker y Alonso Alvarado Savarían, presentado este martes 25 de febrero a los medios de comunicación por la Asociación de Promotores de Chiriquí, APROCHI.
El economista Eric Molino Ferrer recalcó que las políticas dirigidas a la obtención de un crédito para la compra de la primera vivienda, como la Ley de Interés Preferencial, han impulsado el desarrollo económico del país, especialmente en el interior, más allá de su impacto en la reducción del déficit habitacional.
El estudio reconoce que, si bien estas políticas implican un costo para el Estado en un momento de dificultades financieras, persiste el déficit habitacional en el interior del país y no contar con la Ley de Interés Preferencial generaría una carga adicional al presupuesto estatal para cubrir servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento, que actualmente son proporcionados por los promotores de vivienda.
Adicionalmente, el documento establece que la brecha salarial del 17% entre el interior y la capital plantea un desafío para el acceso a la vivienda, ya que limita las posibilidades de obtener un crédito hipotecario sin una Ley de Interés Preferencial cónsona con esta realidad.
En ese sentido, la Asociación de Promotores de Chiriquí señaló la importancia de presentar, discutir e implementar la nueva normativa, que debe considerar las diferencias económicas entre regiones, ya que esto es fundamental para asegurar un acceso equitativo a la vivienda.
La Ley de Interés Preferencial, inspirada en el reconocimiento de la vivienda digna como un derecho humano fundamental, busca mejorar la calidad de vida de las familias y dinamizar la economía. Al facilitar el acceso a la vivienda, esta ley fomenta la estabilidad financiera y estimula el ahorro y la inversión.
