El Consejo de Gabinete aprobó hoy el Decreto N. 27-25, que modifica el Decreto de Gabinete N°10 de 23 de enero de 2024, que extiende por dos años más la aplicación de un derecho arancelario del 30% a la importación del cemento hidráulico (cemento sin pulverizar o clínker), como una medida de protección a esta industria local que impacta a favor de unas 4,385 personas a través de beneficios laborales.
Esta nueva extensión fue solicitada por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), que proyecta que el consumo de cemento podría registrar una caída en comparación con el año anterior, como resultado de una disminución de la demanda interna. Se hace necesario el fomento de la industria nacional, en especial la producción de cemento gris que permite generar valor agregado, lo cual mejora el ingreso per cápita y crea riqueza nacional, sostuvo el SIP en su petición.
El Decreto de Gabinete añade que la producción de cemento en Panamá ha experimentado una disminución desde 2014, debido a una progresiva desaceleración de la economía nacional, acompañada de un incremento en las importaciones. Además, la caída del sector de la construcción, ocasionada por la pandemia de 2020, afectó gravemente la sostenibilidad de los ingresos de miles de panameños que dependen directa e indirectamente de esta industria. Para 2024, se previó una caída en el consumo aparente de cemento en comparación con el año anterior debido a una disminución en la demanda interna.
En este contexto crítico para el país, el Gobierno Nacional resaltó que tiene la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para proteger a las industrias, asegurando que puedan continuar siendo fuentes de empleo y contribuyan al producto interno bruto (PIB) y al fisco nacional.
La industria cementera en Panamá constituye un pilar relevante para el desarrollo económico y social del país y aporta de manera importante en términos de empleo, contribuciones fiscales, encadenamiento productivo y capacidad instalada nacional.
Esta actividad también representa una fuente significativa de ingresos para el Estado. Las contribuciones directas a la Caja de Seguro Social alcanzan los B/.6.6 millones, mientras que el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores suma aproximadamente B/.2.5 millones. En total, las contribuciones fiscales directas del sector ascienden a B/.19.7 millones.
