Con el inicio del año escolar, es importante reflexionar sobre el papel fundamental que juega la educación en el desarrollo de Panamá. Todas las situaciones que hoy enfrentamos como país están, de una u otra manera, relacionadas con el nivel educativo de nuestra población. La formación de ciudadanos con pensamiento crítico, capacitados para la vida laboral y comprometidos con el desarrollo nacional, depende de que el sistema educativo funcione sin interrupciones, con mediciones y evaluaciones periódicas; al tiempo que, se adapte a las necesidades del mundo actual.
La educación no es un privilegio, es un derecho fundamental, y su interrupción constituye una violación a los derechos de los niños y jóvenes panameños. Luego de la pandemia, cuando miles de estudiantes perdieron años valiosos de formación, es imperdonable que las escuelas sigan cerrándose por razones ajenas a emergencias reales. Es inaceptable que la educación sea rehén de grupos de presión que priorizan sus intereses sobre el futuro del país, destaca el editorial La Cámara Opina que lleva la firma de la CCIAP, Juan Alberto Arias.
No podemos seguir permitiendo que caprichos sindicales mantengan a los estudiantes fuera de las aulas mientras los países vecinos avanzan en la mejora de sus sistemas educativos. La educación continua y de calidad debe ser un compromiso nacional, y su paralización solo profundiza la desigualdad y el rezago del país.
Asimismo, para garantizar una educación efectiva y accesible para todos, debemos atender los factores que inciden directamente en la calidad de vida de los estudiantes y sus familias. No podemos hablar de educación de calidad si miles de panameños aún enfrentan dificultades en el acceso a servicios básicos como agua potable, vivienda digna, infraestructura adecuada y atención en salud.
Uno de los desafíos más urgentes es el acceso al agua potable. Sin este recurso esencial, las comunidades enfrentan problemas de higiene y salud que afectan directamente la asistencia y el rendimiento escolar. El Proyecto de Río Indio es una de las soluciones que debe avanzar sin más dilaciones para garantizar el suministro de agua a una gran parte de la población panameña.
Asimismo, la vivienda es otro pilar de importancia para el bienestar de las familias. El acceso a un hogar seguro y asequible permite a los estudiantes contar con un entorno propicio para su desarrollo académico. En este sentido, es necesario acelerar la discusión y aplicación de la Ley de Interés Preferencial para facilitar la adquisición de viviendas dignas.
Por otro lado, el acceso a la salud y a pensiones justas es un tema que no podemos seguir postergando. A cinco meses de haber iniciado el debate sobre las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), es imperativo que se tomen decisiones serias y a largo plazo. Durante más de 15 años, diversas administraciones han evitado asumir la responsabilidad de estas reformas estructurales. Pero el tiempo se agotó, y Panamá no puede seguir permitiéndose una seguridad social frágil, que pone en riesgo el bienestar de la población y, por ende, su capacidad de educarse y progresar.
Si queremos un país más competitivo, más equitativo y con mayores oportunidades para todos, debemos garantizar que la educación se mantenga como una prioridad inquebrantable. Pero la educación no avanza en el vacío: requiere de condiciones básicas para que los estudiantes puedan aprender sin obstáculos. Resolver los problemas de agua, vivienda, salud y seguridad social no solo es un deber del Estado, sino una inversión en el futuro de Panamá.
Es fundamental que estos desafíos se aborden de manera institucional, con soluciones estructurales y políticas públicas bien diseñadas, en lugar de recurrir a la presión de grupos de choque o imposiciones arbitrarias. Panamá necesita planificación y compromiso, no improvisación ni violencia.
La educación es la clave para transformar nuestro país, pero para que funcione, debemos construir una base sólida sobre la cual pueda crecer y dar frutos. Es momento de actuar.
