Ante la situación que enfrenta la población producto del aumento del combustible y sus consecuencias en el costo de la vida, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) exige a los tres Órganos del Estado contención y control del gasto público, austeridad, y transparencia.
“Resulta inaceptable contratar más deuda pública para financiar el gasto corriente de funcionamiento del Estado, en especial ante una situación de aumento de la planilla sin justificación. La deuda debe priorizarse para inversiones que se traduzcan en plazas de empleo, productividad y competitividad,” indicó Marcela Galindo, presidente de la CCIAP.
Para el gremio, es imperativo que tanto el Órgano Ejecutivo como el Legislativo apliquen medidas de contención del gasto público como, el congelamiento de contrataciones de funcionarios no prioritarios, suspensión de licencias con sueldo; recorte de gastos de forma vertical, en especial, movilización de funcionarios de alta jerarquía; al igual que, viajes, festejos, contratación de nuevas consultorías y asesores, por mencionar algunos. “Tal y como hemos señalado en múltiples ocasiones, es insostenible continuar aumentando los gastos del Estado en momentos que la recaudación de impuestos ha disminuido a consecuencia de la pandemia.”
La presidente de la CCIAP señaló que “las medidas adoptadas de congelamiento deben ser temporales y deben ser cubiertas por un recorte generalizado de gastos, no más deuda, ya que esto repercutiría en más impacto a la ciudadanía a futuro. También, reiteramos la eliminación de los recién aprobados incentivos fiscales.”
Con respecto al congelamiento de diez productos de la canasta básica familiar, el gremio recuerda que luego de ocho años de control de precio, queda demostrado que esta medida crea una distorsión del mercado que no logra los propósitos deseados, ya que los controles, más que incentivar el ahorro, incitan mayor consumo.
La CCIAP reitera que, mientras las medidas implementadas dan alivio temporal a la población, el Gobierno Nacional debe promover la generación de empleo a través del apoyo a la micro y pequeña empresa. “Existen fondos ya aprobados y destinados para este propósito, tiene que facilitarse a estas empresas el acceso al crédito a través de planes de garantía conjunta respaldados por el Estado, las multilaterales y la banca privada”.
Galindo puntualizó que “el país se encuentra en un momento crucial donde la paz social la garantizará un cambio urgente en la forma como se están manejando los recursos del Estado, así como la atención real y urgente de problemas estructurales más profundos que se tienen en materia de educación, salud y seguridad social; al igual que de desarrollo económico sostenible. Muchos de estos puntos fueron contemplados en el Pacto del Bicentenario con propuestas que surgieron directamente de la ciudadanía y deben implementarse”.
