Por Redacción Panorama Económico
Por segunda vez en menos de dos semanas, la Asamblea Nacional devolvió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal 2025 porque presenta grandes recortes en educación e inversiones en los gobiernos locales.
Los diputados de la Comisión de Presupuesto consideraron que el proyecto sustentado hace una semana por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, “contiene falencia e incompatibilidad con algunas leyes, soslayando lo señalado en ellas, respecto a la elaboración del presupuesto general del Estado”.
La segunda propuesta de presupuesto general para el 2025 presentada al Parlamento ascendía a 26,835.2 millones de dólares, de los cuales 9,341 serían para inversiones y estaba basada en una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 3%, ligeramente por encima de la calculada en este año que es de 2.5%
El renglón de inversiones por el orden de 9,341 millones de dólares estaba dirigido a educación salud, infraestructura (Metro de Panamá, el cuarto puente sobre el Canal, el plan de rehabilitación de carreteras, entre otras obras; ambiente, seguridad y agua Potable.
Este martes, cientos de alcaldes y representantes de corregimientos advirtieron en la Asamblea Nacional que el recorte a los gobiernos locales es del 50%, lo cual pone en peligro las operaciones de las juntas comunales y las municipalidades en todo el país.
La presidenta del Órgano Legislativo, Dana Castañeda, afirmó que “estamos viendo la situación de los gobiernos locales, donde están solicitando 143 millones adicionales a los que les hace falta al Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales”.
Castañeda fue enfática en señalar que el presupuesto general del Estado debe estar aprobado, antes del 31 de octubre, por lo que “nos hemos declarado en sesión permanente, existe voluntad de hacerlo, pero también que haya un proyecto dentro del marco de la legalidad”.
Por otro lado, la Comisión de Presupuesto exigió que se cumpla con una ley que destina el 7% del PIB a la educación y otra que establece los dineros destinados a los gobiernos locales como parte de una ley de descentralización.
También los parlamentarios demandan modificaciones para que el Órgano Ejecutivo incorpore en el proyecto de presupuesto lo establecido en las leyes vigentes de la Universidades, la Autoridad Nacional de Descentralización, Ministerio de Educación y otros, y que el MEF incluya el subsidio al gas licuado de petróleo y los intereses preferenciales para las hipotecas.
