Una cifra que alcanza los 360 millones de dólares es el ahorro que los padres de familia producen al Estado, tras cubrir la educación de sus hijos en colegios particulares que hoy enfrentan una tormenta que amenaza con cerrar instituciones y dejar a miles de estudiantes sin alternativas.
Entre 2006 y 2020, los aumentos salariales otorgados a los docentes del sistema oficial dispararon los gastos del Estado y a las escuelas particulares, según informes a los cuales tuvo acceso este medio informativo.
Entre 2007 y 2013 se dieron seis incrementos al sector oficial, y entre 2014 y 2020 los sueldos base subieron entre B/.300 y B/.1,498, condicionados a planes de mejora educativa.
Cada aumento de B/.300 representó un costo anual de B/.3,900 por docente, que con cargas sociales y seguros elevó el gasto mensual a B/.455.
Para MEDUCA, el costo promedio por estudiante proyectado para 2022 alcanzó B/.2,400, que suman un total de B/.312 millones.
Mientras tanto, los padres del sector privado invierten B/.360 millones al año, dinero que alivia la factura del Estado y sostiene la educación de miles de estudiantes, demostrando que el aporte del sector privado es indispensable para el país.
Colegios privados acorralados
Pese a este enorme aporte, los colegios privados enfrentan una avalancha de leyes y proyectos que los tienen contra las cuerdas.
Según el abogado Rubén Castillo, no menos de 25 proyectos de ley en la Asamblea Nacional afectan directamente su operación.
La Ley 285, por ejemplo, prohíbe suspender servicios aun si los padres no pagan, provocando morosidad de hasta el 60% en algunos colegios y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las instituciones.
Por otra parte, existe un proyecto que pretende limitar los aumentos de anualidades mediante votaciones entre padres y colegios, lo que Castillo califica como “control de precios disfrazado” que podría obligar al cierre de muchas escuelas privadas.
“Los colegios privados florecieron porque el sector público perdió calidad. Si la Asamblea no ve esto con luces largas, Panamá puede quedarse sin su educación privada”, advirtió Castillo.
El alto costo que los particulares sostienen
Los colegios particulares son empresas que pagan planilla, luz, agua, impuestos y contribuciones al Seguro Social, todo mientras ahorran millones al Estado.
La combinación de morosidad, regulaciones y restricciones financieras amenaza con hacer inviable su operación, dejando en riesgo la educación de miles de niños y jóvenes.
La paradoja es alarmante: mientras los padres del sector privado inyectan millones al sistema educativo, ahorrando al Estado millones de dólares, los colegios que reciben ese aporte son asfixiados por normas y leyes que limitan su autonomía y amenazan su existencia.