Redacción – Ciudad de Panamá. – La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) se pronuncian este domingo de forma conjunta para instar a la Asamblea Nacional a debatir y aprobar con urgencia el Proyecto de Ley 291 – Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador General de la Nación.
Ambos gremios empresariales consideran que esta iniciativa representa una oportunidad histórica para dotar al país de un marco legal moderno y efectivo, que permita combatir de manera contundente los delitos contra la administración pública, fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana e inversionista.
“La corrupción no es solo un problema ético, es una amenaza directa al desarrollo, la competitividad y la estabilidad económica del país”, señalaron en conjunto APEDE y la CCIAP.
La presidenta de APEDE, Giulia de Sanctis, enfatizó que “sin transparencia no hay desarrollo, y sin justicia no hay confianza”, y advirtió que por años la debilidad procesal y la falta de herramientas efectivas han permitido que los casos de alto perfil de corrupción terminen en auditorías inconclusas o prescripciones anticipadas.
“Como país, no podemos atender las voces que, bajo el argumento de una supuesta violación al debido proceso, intentan descalificar esta ley. Debemos analizarla con rigor, introducir mejoras si es necesario, pero lo que no podemos hacer es descartarla ni dejar que quede sepultada”, añadió.
Por su parte, el presidente de la CCIAP, Jorge Arias, expresó su preocupación por los 13 anteproyectos y 7 proyectos de ley anticorrupción que siguen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un objetivo fundamental: atacar el principal cáncer de nuestra sociedad. La corrupción no distingue colores ni ideologías, pero sus efectos dañan a todos por igual, afectando directamente sectores clave como educación, salud e infraestructura”, señaló Arias.
No más retrasos: se necesita acción urgente
El Proyecto de Ley 291 introduce herramientas clave como:
- La ampliación de los plazos de prescripción para evitar la impunidad por tiempos vencidos.
- La regulación de la colaboración eficaz como mecanismo estratégico de investigación.
- El fortalecimiento de la autonomía del Ministerio Público.
- La cooperación internacional en casos complejos y transnacionales.
Todo bajo control judicial y respetando el debido proceso.
“Esta no es una reforma penal ordinaria; es una apuesta estratégica por la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia real”, coincidieron ambos gremios.
APEDE y CCIAP recordaron que la gobernanza institucional es clave para la estabilidad económica. La falta de acción en materia de anticorrupción tiene consecuencias directas:
- Aumento del costo del financiamiento.
- Pérdida del grado de inversión.
- Disminución de la confianza de los mercados.
Fortalecer la justicia y las instituciones, por el contrario, estimula la inversión, mejora el acceso al capital y promueve el crecimiento sostenible.
Panamá debe actuar con responsabilidad y visión de futuro
La corrupción es hoy una de las principales preocupaciones ciudadanas, junto al desempleo. Ambos gremios destacan que ambos problemas están interrelacionados: la impunidad desalienta la inversión, y sin inversión, no hay generación de empleo.
Por ello, APEDE y CCIAP:
- Respaldan firmemente el Proyecto de Ley 291 y otras iniciativas orientadas a cerrar espacios a la impunidad.
- Exigen un debate técnico, serio y sin dilaciones en la Asamblea Nacional.
- Reafirman el compromiso del sector privado con la ética, la transparencia y la responsabilidad institucional.
“Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios íntegros, corruptos tras las rejas y una justicia que funcione. Este es el momento de actuar con valentía y visión de país. La lucha contra la corrupción no puede seguir esperando”.