Por: Sandra T. Sotillo R. – Panorama Económico
Ciudad de Panamá, – A casi 20 meses de la suspensión de la actividad minera en Panamá, el país enfrenta una profunda crisis laboral y económica que ha afectado a miles de familias y a múltiples sectores productivos en provincias como Panamá, Coclé y Chiriquí.
Ante este escenario, la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) advierte sobre las graves consecuencias que esta paralización ha provocado en la economía nacional. Según su presidente, Roderick Gutiérrez, un total de 40,000 personas han perdido sus empleos, cifra que representa un duro golpe para las comunidades donde la minería representaba la principal fuente de trabajo. La crisis se ha extendido a 24 sectores económicos vinculados, incluyendo transporte, comercio, construcción, salud, educativo, logístico y servicios.
Durante una entrevista en el programa Panorama Económico Radio, Gutiérrez detalló que, en el ámbito financiero, las deudas por préstamos bancarios superan los 240 millones de dólares, reflejo de la incapacidad de pago de miles de afectados. Asimismo, estimó que el Estado ha dejado de percibir 1,700 millones de dólares en impuestos, regalías y contribuciones sociales, afectando directamente la salud fiscal del país.
Presidente de CAMIPA
En cuanto a los ingresos laborales, se han perdido aproximadamente 152 millones de dólares en salarios, situación que ha deteriorado la capacidad de consumo de las familias panameñas. Esto ha tenido también un fuerte impacto social, evidenciado en el traslado de un 47% de estudiantes desde escuelas privadas al sistema público, como consecuencia de la pérdida del empleo o la reducción de ingresos de sus padres.
Arbitrajes suspendidos y posible solución
En relación con los arbitrajes internacionales interpuestos por la empresa First Quantum/Minera Panamá, operadora del proyecto minero, Gutiérrez indicó que se mantienen suspendidos mientras no se alcance una resolución definitiva por parte del Gobierno Nacional.
Esta decisión ha sido considerada como un paso positivo, ya que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha mostrado su disposición a plantear una alternativa contractual viable, que podría representar una salida favorable tanto para el Estado como para los trabajadores y sectores económicos afectados.
Gutiérrez enfatizó que:
“La minería responsable puede y debe ser parte del desarrollo sostenible de Panamá. Las cifras son claras: el cierre prolongado ha generado una pandemia de desempleo y un impacto profundo en nuestra economía.”
Cabe destacar que el presidente Mulino ha reiterado en varias ocasiones que no impulsará un nuevo contrato-ley, figura utilizada por la administración anterior y declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, ha propuesto un modelo de asociación estatal-privada, en el cual el Estado mantendría el control de los recursos, sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional.
Llamado al diálogo
Finalmente, el presidente de CAMIPA reiteró la disposición del gremio al diálogo con todos los sectores, he hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a buscar una solución concreta que favorezca a los ciudadanos desempleados y al aparato productivo del país, el cual necesita urgentemente una inyección de ingresos como la que generaba la minería, considerada una actividad clave para el desarrollo nacional.