El Gobierno Nacional informa al país que la situación en la provincia de Bocas del Toro ha escalado peligrosamente en las últimas horas, como resultado de actos de violencia perpetrados por grupos radicalizados y elementos delictivos que han infiltrado las manifestaciones.
Esta noche, grupos violentos protagonizaron actos criminales que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática: se registró el incendio parcial del Estadio Calvin Byron, poniendo en riesgo la vida de miembros de la Fuerza Pública; se vandalizaron y saquearon instalaciones privadas, incluyendo oficinas de la empresa Chiquita Panamá y se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal.
Estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima. Se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia.
El Gobierno Nacional ha actuado con paciencia y mesura, sin embargo, ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños.
No podemos seguir permitiendo que sectores políticos irresponsables utilicen a la población como instrumento de presión, fomentando el caos y luego presentándose como falsos mediadores. Esa conducta es inmoral y delictiva, y quienes la promueven serán investigados y responsabilizados conforme a la ley.
La firmeza del Estado se impondrá para restablecer el orden, proteger a la ciudadanía y garantizar que la provincia de Bocas del Toro retome el camino del desarrollo, la legalidad y la paz.
