Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La Defensoría del Pueblo de Panamá reitera su compromiso, apegado a la Ley N°7 del 5 de febrero de 1997 que regula su creación y a la Constitución Política, de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas que consideren que estos han sido vulnerados.
La Ley N°7, en su artículo 20, establece que cualquier persona, sea natural o jurídica, nacional o extranjera, tiene el derecho de recurrir a esta institución. Este derecho es inalienable, sin importar condiciones como minoría de edad, incapacidad, privación de libertad en centros penitenciarios o psiquiátricos, dependencia o relación de sujeción con la administración pública o los órganos del Estado.
Además, enfatiza que cualquier represalia contra personas que acudan a nuestra institución constituye una grave vulneración de derechos humanos. Estas acciones no solo contravienen el artículo 21 de la Ley N°7, que prohíbe que las quejas presentadas ante esta institución sean usadas en contra de los denunciantes, sino que también violan principios fundamentales de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá, como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Advierte que ningún organismo, autoridad o funcionario público está facultado para tomar represalias contra quienes ejercen su legítimo derecho de denunciar posibles abusos ante esta institución. Este tipo de acciones puede derivar en sanciones legales, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente.
En el histórico de la Institución Nacional de Derechos Humanos, reposa que no es la primera vez que se atiende quejas de personal de los estamentos de seguridad contra sus dependencias.
La Defensoría del Pueblo realiza todas sus actuaciones bajo el amparo de la Ley N°7 y de la Constitución, orientando y protegiendo a toda persona que solicite apoyo frente a posibles vulneraciones de derechos humanos. Cada caso es analizado de manera rigurosa y transparente para constatar la veracidad de las denuncias y garantizar justicia.
Por ende, hace un llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos con plena confianza. Si alguna persona enfrenta intimidación, amenazas o cualquier tipo de represalia por presentar quejas ante la institución, los invitamos a informarnos de inmediato.
Finalmente, la Defensoría recuerda que Panamá, como Estado signatario de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, tiene la obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder libremente a mecanismos de protección, sin temor a represalias o intimidaciones.
