Ciudad de Panamá, 21 nov (EFE).- Una fundación que promueve el fortalecimiento democrático de Panamá ve el decomiso – o adjudicación al Estado – sin condena de bienes producto de actos ilícitos como una vía para contrarrestar la infiltración del crimen organizado en el sector privado del país que, según un estudio de una ONG global, es «profunda».
Panamá carece de una ley de extinción de dominio aunque tiene otras normativas que apuntan a los bienes producto de ilícitos pero que no dan frutos, como denuncian activistas y han reconocido las propias autoridades de seguridad.
«Hay muchas leyes pero creo que hay que ir un paso más allá», dijo a EFE la vicepresidenta y cofundadora de la Fundación Espacio Cívico, Leah de Boersner, al explicar que la ONG estudia «el comiso no penal como opción» para desincentivar la participación del sector privado en el crimen organizado.
Según un índice mundial elaborado por la ONG Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), el sector privado de Panamá enfrenta una «influencia profunda» de la criminalidad organizada.
Entre otros, el índice mundial de la GI-TOC mide a cinco «actores criminales», entre ellos los «actores del sector privado», en una escala del 1 al 10.
De este modo, 1 representa una influencia casi inexistente y 10 una profunda.
Los «actores del sector privado» de Panamá aparecen con una puntuación de 8,5 o una «influencia profunda» de la criminalidad organizada.
Es la más elevada de Centroamérica, donde le siguen Honduras con 8 puntos, Guatemala y Costa Rica, ambos con 6 puntos; El Salvador con 4,5, y Nicaragua con 4.
«Dentro del mercado criminal están los habilitadores y unos de esos es el sector privado, que cuando miras la escala, siendo 10 lo más alto, Panamá está en 8,5, lo que significa que tenemos una gran base de habilitadores dentro del sector privado, lo que preocupa muchísimo y por eso quisimos abrir este espacio para dialogar no solo con entes gubernamentales sino también con gremios, con el sector privado», dijo la vicepresidenta de Espacio Cívico.
La GI-TOC define al sector privado como los «individuos o entidades con ánimo de lucro que poseen, gestionan y controlan un segmento de la economía legal libre de propiedad o control estatal, que colaboran o cooperan con actores criminales de forma voluntaria, mediante coacción o negligencia. Las actividades incluyen, entre otras, el blanqueo de ganancias ilícitas, la actuación como informadores y la representación legal por medios poco éticos».
La búsqueda de mecanismos para «desmotivar la participación del sector privado en actos ilícitos» centró el foro sobre políticas públicas y estructuras financieras del crimen organizado, que organizó esta semana en la capital panameña Espacio Cívico con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, dijo de Boersner.
«Vemos que podríamos empezar con una figura como esta (del comiso no penal) enfocado hacia mercados muy específicos, especialmente trata de personas», agregó.
El Índice Mundial de Criminalidad Organizada 2023 de la GI-TOC «revela el continuo aumento de la delincuencia organizada a nivel mundial, con un 83 % de la población mundial viviendo en condiciones de alta criminalidad», y que «la participación del Estado en la delincuencia sigue siendo la fuerza más omnipresente que impulsa» este fenómeno.
«No existe un solo espacio en nuestra sociedad que no esté infiltrado por la criminalidad organizada», que es un fenómeno marcado por la «desinformación», dijo a EFE Edgardo Sandoval Ramsey, coordinador regional para Centroamérica de la GI-TOC.
Pero lo importante «es saber cuáles son los espacios más vulnerables de este fenómeno y poder contrarrestarlos de manera inmediata», y para ello se necesita información y acceso a ella, añadió.
