Ciudad de Panamá, 15 ago (EFE).- El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció este jueves el uso «sin control» y para «politiquería» de millones de dólares destinados a los municipios del país durante la pasada administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), y pidió a la Fiscalía actuar si más de 600 funcionarios municipales no entregan en un plazo de 60 días la información que justifique el uso de los fondos asignados.
«De 2021 al 2024, 320 millones de dólares de los panameños se fumigaron en ese programa que se denominó ‘descentralización paralela'», dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal, destacando que «nadie ha rendido un solo informe de gestión» al respecto.
Mulino, quien asumió el cargo el pasado 1 de julio para el quinquenio 2024-2029, indicó que los 680 representantes de corregimiento o concejales que recibieron fondos de la «descentralización paralela» tiene un plazo de 60 días para presentar ante la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) un informe que explique y justifique el uso de los fondos.
«Porque aquí no hay información en la Presidencia, esa información la borraron, señor procurador (fiscal general), la borraron», denunció Mulino, y agregó que «esas transferencias (de fondos para la descentralización) se hicieron sin control ni criterio, (fue) dinero del pueblo panameño transferido para politiquería, punto».
Y aseguró que «el pueblo estaba clarito», respecto a la presunta malversación de los fondos públicos, puesto que «de los 680 representantes de corregimiento (concejales) que recibieron fondos, 500 no se reeligieron» en los comicios generales del pasado 5 de mayo.
La directora nacional de Descentralización, Roxana Méndez, dijo en un comunicado esta semana que identificó la transferencia a Juntas Comunales de 150 millones de dólares entre los años 2022 y 2023 «sin la debida justificación ni propósito claro de los fondos desembolsados».
«No existe información detallada sobre el uso de estos recursos, los cuales fueron reportados en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) bajo el rubro de ‘Asistencia Social'», dijo la misiva de Méndez.
La directora Méndez ya empezó a enviar las solicitudes de información a las Juntas Comunales «para que justifiquen el uso de esos fondos que sí recibieron, y si no hay respuesta el señor procurador (fiscal general) de la Nación tiene que intervenir con el Ministerio Público, porque no vamos a permitir que se juegue más con los dineros públicos», afirmó Mulino.
El proceso de descentralización en Panamá arrancó en enero de 2016 con la entrada en vigor de la Ley 66 de 2015, que dio más autonomía a la gestión municipal y permite la distribución entre los municipios y las comarcas indígenas de la recaudación nacional del impuesto de bienes inmuebles y otros fondos estatales para financiar inversiones y programas de desarrollo social y económico.
