Este 2023 la Defensoría del Pueblo en su análisis de la realidad de la situación de los Derechos Humanos en Panamá constata que los derechos más vulnerados son de carácter social, siendo el más notorio el de la salud; esto se ve reflejado en la carencia de insumos, medicinas, personal médico, especialistas y mora quirúrgica.
El derecho al ambiente sano también es vulnerado por el inadecuado manejo de desechos, la minería a cielo abierto que generó conmoción social, la falta de estrategias ante la crisis hídrica que desencadena en la calidad del servicio de agua potable; también es importante prestar atención a aplicación de medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático y prevenir casos como el traslado de los habitantes de Gardí Sugdup.
La Educación es un aspecto en el que no se han observado mejoras, basado en 2 inspecciones realizadas a nivel nacional en escuelas de las 10 provincias; la Defensoría hace constar ante el Ministerio de Educación en un informe entregado que continúan los problemas de infraestructuras, falta de presupuesto, educadores y personal especializado en administración para el manejo del FECE.
El deficiente servicio de electricidad y las quejas por fluctuaciones, daños de aparatos eléctricos y perjuicios en hogares y comercios han sido una constante a lo largo del 2023; en esta línea otro servicio con que impacta en el diario vivir de las personas es el del transporte y las frecuencias de los buses que según los usuarios no mejora.
En el caso de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), se detectó la urgencia de fortalecer la estrategia de capacitación, divulgación para la comprensión adecuada y aplicación de la Ley 285 que protege a este grupo prioritario y reforzar la educación sexual en escuelas para prevenir embarazos adolescentes e incremento en cifras de infecciones de transmisión sexual.
De igual manera hace falta reforzar por medio de políticas de estado para cumplir en la práctica con los derechos humanos que garanticen una vida digna a grupos vulnerables como personas mayores, con discapacidad, mayor reconocimiento de los afrodescendientes, población indígena, privados de libertad y LGTBQIA+.
En cuanto a las personas migrantes se hizo un llamado a trabajar en conjunto entre países de origen, de destino y de tránsito; así como con agencias internacionales y organismos no gubernamentales para la protección de la vida y garantía de los derechos de esta población en situación de movilidad.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo seguirá con su compromiso de promover, defender y garantizar los derechos humanos en Panamá.
