Panamá – El Defensor del Pueblo Eduardo Leblanc González acudió al Ministerio Público para entregar al Procurador de la Nación Javier Caraballo un documento en el cual explica hechos en las comunidades de San Juanito, en el Distrito de La Pintada y Río Caimito en el Distrito de Donoso; que según el Título III y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá y Convenios Internacionales, pueden considerarse constitutivos de delitos.
Según el Ombudsman en inspección realizada en estas comunidades en las provincias de Coclé y Colón, pudo observar posibles vulneraciones de derechos humanos como: impedimento del libre tránsito, presumiblemente consumo de sustancias psicotrópicas, personas encapuchadas las cuales presumiblemente poseían armas de fuego en lugares donde se pone en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes (NNA) y moradores que expresaron sentirse atemorizados y desprotegidos por los estamentos de seguridad.
La acción realizada por el titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante el Ministerio Público se basa en el artículo 30 de la Ley número 7 del 5 de febrero de 1997: “Cuando el titular de la Defensoría en el ejercicio de sus funciones tuviera conocimiento de hechos constitutivos de delitos, deberá ponerlo en conocimiento del Procurador General de la Nación. La Defensoría del Pueblo respetará las competencias privativas de la administración de justicia”.
