En estos momentos de profunda agitación social y crisis económica, la Defensoría del Pueblo solicita al gobierno nacional que restablezca de manera inmediata, las garantías fundamentales que De Facto, hoy no puede gozar la población tales como: a la vida e integridad física, libertad, acceso a la salud, seguridad alimentaria, trabajo, educación, libertad de prensa, libre tránsito, propiedad privada; así como el derecho a la protesta pacífica, en cumplimiento de los mecanismos de protección que la Constitución Política de la República de Panamá, los convenios internacionales y las leyes le faculten.
Reconocemos que la explosión social que estamos experimentando refleja preocupaciones y desafíos significativos en la sociedad. La manifestación es un derecho legítimo e individual, la cual debe ser realizada a conciencia, pacíficamente y con responsabilidad, sin menoscabar los derechos de terceras personas; así como, el respeto a la propiedad pública y privada. Esta institución rechaza todo acto de violencia, amenaza, vandalismo, mensajes de odio que deslegitime la esencia de la protesta pacífica.
Abogamos a que se realice un acercamiento con todos los sectores de la sociedad, que lleve a soluciones pacíficas y sostenibles, que devuelvan de manera urgente el orden público y la paz social; respetando el Estado de Derecho que tiene que prevalecer en la democracia.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso inquebrantable en el monitoreo, protección y defensa de los derechos fundamentales de cada individuo que habita en nuestro país.
