La Unión de Prácticos del Canal de Panamá hace un llamado respetuoso a la Corte Suprema de Justicia para que le dé prioridad al trámite correspondiente que requieren las demandas de inconstitucionalidad presentadas al contrato Ley No. 406 del 20 de octubre de 2023, e insta al Órgano Ejecutivo a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con el clamor popular que está en las calles, para llevar a nuestro país a una discusión real, directa y transparente sobre el futuro de la actividad minera en el territorio nacional.
Es imperante que el Órgano Ejecutivo eleve también, ante el pleno del Órgano Legislativo, una propuesta de Ley que suspenda toda actividad de minería a cielo abierto, a través de una moratoria, hasta tanto el país decida democráticamente el rumbo a seguir.
También aprovechamos esta coyuntura para recordar que el Canal de Panamá enfrenta una crisis de agua sin precedentes, que requiere de acciones inmediatas que permitan la sostenibilidad de la ruta marítima. La actual crisis minera pone en entredicho el compromiso que se espera de nuestras autoridades hacia nuestro principal recurso y dilata las decisiones que, como país, debemos tomar, para garantizar la operación segura, rentable e ininterrumpida de nuestra vía interoceánica.
Estamos ante un momento histórico de nuestra vida republicana y es la voz del pueblo la que debe ser escuchada, por encima de intereses particulares. El verdadero patriotismo es aquel que nos mueve a hacer el bien por los intereses de todos los panameños.
Nuestras futuras generaciones sufrirán las consecuencias y serán testigos de las decisiones que como país tomemos ahora, basta ya de comunicados y de discursos que no atienden la raíz de la crisis que estamos viviendo. Es momento de tomar acciones concretas, tanto en el tema minero como en lo requerido para resolver la crisis de agua que enfrentamos en el Canal de Panamá.
Panamá no puede vivir sin agua, pero sí puede vivir sin minería.
¡Viva Panamá y los panameños!
