El contrato minero entre el Estado y Minera Panamá fue presentado, este jueves 3 de agosto, ante el pleno legislativo por Federico Alfaro Boyd, ministro de Comercio e Industrias (MICI).
Le correspondió al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jaime Vargas, recibir el documento.
Alfaro detalló las etapas que ha tenido esta iniciativa, incluyendo el valioso proceso de consulta. Ante el pleno de la AN, el ministro detalló la importancia del contrato, entre ellas, garantizar más de 40 mil empleos directos e indirectos, estímulo a proveedores panameños y su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB).
El titular del MICI destacó que el contrato con la minera contempla destinar el 50 % de los fondos de ingreso que genere la actividad para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), un monto importante para aumentar las jubilaciones y pensiones en el caso de quienes ganen menos de B/. 350.00; y un monto para las obras de infraestructura en las comunidades aledañas de los distritos de Omar Torrijos Herrera, Donoso y La Pintada.
También contempla asignar un 5 % para la construcción, desarrollo y mantenimiento del Centro de Perfeccionamiento del Docente.
Recordó que el proyecto-ley solventa el problema que se había heredado con el antiguo contrato, declarado inconstitucional, e hizo énfasis en que la posición del Estado siempre ha sido asegurar y proteger los mejores intereses del país y que los beneficios que va a producir este contrato serán 10 veces mayores de lo que se obtendría con el anterior acuerdo.
En cuanto a lo que compete a la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, presidente de este órgano de Estado, señaló que por ley esta instancia solo puede aprobar o desaprobar el contrato, pero no podrán realizar cambios al mismo.
Sus declaraciones reiteran lo expuesto hace dos semanas, cuando atendió a un grupo de trabajadores de la empresa minera, a quienes les adelantó que, una vez recibieran el contrato, coordinarían con las bancadas y harían las alianzas para llegar a entendimiento por el bien del país.
El proyecto de ley será enviado por el pleno legislativo a su respectiva comisión permanente para su aprobación o rechazo, en primer debate. Es así como la Asamblea Nacional cumple su rol de transparencia y brinda información clara y comprensible sobre los procesos legislativos.
