Por: Redacción – Panorama Económico
El Movimiento Otro Camino (Moca) expresa su total rechazo a la decisión del gobierno de Laurentino Cortizo y de José Gabriel Carrizo de aprobar, a través del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la explotación minera de Cerro Quema en la provincia de Los Santos. Consideramos que esta decisión es irresponsable y desconoce la realidad económica, social y ambiental de toda la Península de Azuero. En medio de una coyuntura de crisis por el recurso agua en esta región y el país, es contradictorio que el gobierno Cortizo-Carrizo autorice un proyecto cuyo principal insumo es el agua de los ríos santeños, en especial, de los ríos Quema y Tonosí.
Mediante un comunicado el partido de oposición destaca que este proyecto solo tendrá una vida útil de 6 años y regalías vergonzosas de solo 5% de los ingresos brutos, no obstante pretende extraer óxido de oro en una extensión de 14,893 hectáreas, en 3 concesiones a cielo abierto y expandirse a 14,839 hectáreas adicionales para extraer cobre, con lo cual impactará sobre los principales reductos de bosques secos del país, que son hábitat de diferentes especies de la fauna silvestre protegidas por diferentes convenios internacionales y normas nacionales vigentes, como el mono aullador, felinos, mono araña y la muy probable presencia del perico carato (ave endémica de Panamá), ya que estas zonas boscosas son parte de un corredor biológico que se extiende y mantiene conectividad con la Reserva Forestal El Montuoso y esta, a su vez, con el Parque Nacional Cerro Hoya.
Reitera el Movimiento Otro Camino que el PRD desconoce la presión ambiental que este tipo de proyectos ejerce por sus procesos industriales, sobre el agua y otros recursos naturales. El agua superficial y subterránea es altamente valiosa para la población del distrito de Tonosí, tanto para el consumo humano como para mantener la actividad agropecuaria, principal actividad económica de esta región; sin embargo, el gobierno deja de lado esta realidad y arriesga la seguridad del pueblo de continuar teniendo acceso al agua en cantidad y calidad, desconociendo los escenarios climáticos y de vulnerabilidad de esta región del país. En tal sentido, exhortamos a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente a que haga cumplir el Artículo No.9 de la Resolución DEIA-IA-038-2023 y de plano rechace cualquier Estudio de Vulnerabilidad al Cambio Climático y Riesgo Climático que se presente, por su inviabilidad obvia.
Resalta el Movimiento que es cuestionable la autorización de este proyecto con una línea base descrita al 2015, actualizada por inspecciones técnicas del propio MiAmbiente en el 2023 y aprobada 7 años después de haberse presentado a evaluación de dicho ministerio. El contenido de esta resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental condiciona el inicio a la presentación de muchos estudios técnicos que debieron ser parte de línea base requerida para el análisis de la viabilidad ambiental del mismo y debieron presentarse previamente a su aprobación, pues genera riesgos altos de contaminación ambiental por la propia operación, el uso de cianuro y otros químicos residuales que son altamente contaminantes.
La mina generará efluentes que descargarán directamente a cuerpos de agua superficiales y expondrá, no sólo a la población cercana y aguas abajo de la operación, sino también a los animales pecuarios y la fauna silvestre de toda la cuenca hidrográfica.
Esta decisión demuestra que el PRD no respeta el Decreto Ejecutivo No. 393 del 14 de septiembre de 2015, donde Panamá adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de las Naciones Unidas al 2030 y favorece el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones y sus principales actividades económicas (turismo, producción agropecuaria y la pesca, entre otras), en beneficio de los intereses económicos y fines políticos.
Con base en lo ya indicado, el Movimiento Otro Camino estará vigilante de todo lo que pase con esta concesión minera y expresa su respaldo a las comunidades de Azuero y a las organizaciones de la sociedad civil que mantienen y mantendrán la lucha contra este proyecto.
Moca le pide al gobierno Carrizo-Cortizo que se suspenda la ejecución de este proyecto por su impacto negativo al país, al ambiente y a las comunidades santeñas. Instamos a todas las fuerzas políticas del país que dicen preocuparse por el bienestar de Panamá y sus ciudadanos, a sumarse a esta iniciativa y apoyar nuestra petición y las acciones ciudadanas para suspender la ejecución del Proyecto Minero de Cerro Quema.
