Desde abril de 2021 espera discusión en la Asamblea Nacional de Diputados el Proyecto de Ley 625, Que adopta la Legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. Como gremio empresarial responsable, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) considera importante se dé el debate de este proyecto, considerando sus pros y contras, a fin de que discutamos la necesidad de una ley en esta materia, y podamos seguir avanzando en el combate a la corrupción y la delincuencia organizada.
Es importante destacar que Panamá ha venido contribuyendo de manera sostenida en la lucha contra el lavado de activos, por lo que consideramos que toda iniciativa que ayude a reducir este flagelo tanto a nivel nacional como internacional debe ser estudiada y evaluada, destaca el editorial dominical La Cámara Opina, que lleva la firma de la presidente de la CCIAP, Marcela Galindo De Obarrio, enviado a Panorama Económico.
En este sentido, resulta primordial llevar adelante una discusión integral del Proyecto de Ley con la participación de todos los actores, y que estos puedan aportar tanto recomendaciones como consideraciones, con el fin de contar con un documento de consenso acorde a la Constitución Política de la República de Panamá, que cumpla con el objetivo de combatir las actividades criminales derivadas del crimen organizado en todas sus manifestaciones.
Por tal motivo, la CCIAP presentó a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional desde julio de 2021 sus consideraciones al Proyecto de Ley original, y en la primera semana de enero de este año solicitamos al Órgano Legislativo acoger una serie de modificaciones importantes que ha presentado el Ministerio de Seguridad mediante un documento que ha sido presentado en una serie de reuniones, y que entendemos fue entregado a la comisión legislativa a finales del año pasado.
La Jurisdicción de Extinción de Dominio es una de las herramientas utilizada internacionalmente para bloquear el acceso de organizaciones criminales para financiar el delito en los países; ya que coarta su funcionamiento; al tiempo que, el dinero incautado podría ser destinado para el resarcimiento de las víctimas y a su vez para obras que necesita la población.
Como gremio consciente de las realidades de nuestro país, no pedimos una sanción ciega de este Proyecto de Ley, pero si el análisis, discusión y modificación del documento actual con el fin de contar con un instrumento legal, ajustado a las realidades panameñas, que logre el fin último de ponerle una nueva cortapisa a la corrupción y el crimen organizado.
