Panamá. — El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión con diputados de la Asamblea Nacional (AN) y miembros de la Comisión de Economía y Finanzas para explicar los alcances del proyecto de ley que modifica la Ley 93 del 19 de septiembre de 2019, que creó el Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP).
El encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, permitió al Gobierno profundizar en los cambios propuestos a la normativa y responder las inquietudes de los diputados, tras la presentación formal de la iniciativa en el pleno legislativo el pasado 17 de septiembre.
La propuesta busca modernizar el modelo APP, agilizar los procesos de contratación y promover la participación privada en el desarrollo de infraestructura pública, con el propósito de impulsar la inversión, generar empleos y mejorar servicios para la población.
Gobierno rechaza que se trate de privatización
Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue el alcance de las modificaciones y, particularmente, la posibilidad de utilizar este mecanismo para desarrollar infraestructura relacionada con el agua.
Orillac afirmó que el proyecto no contempla una privatización y sostuvo que la comercialización y distribución del agua continuarán bajo responsabilidad del Estado y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
“Esto no tiene absolutamente nada que ver con una privatización”, enfatizó el ministro.
Explicó que la reforma permitiría desarrollar mediante APP obras como plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de acueductos y líneas de conducción, mientras que la comercialización y distribución permanecerían en manos del Estado bajo el esquema subsidiado vigente.
APP para infraestructura de salud y agua
La propuesta también contempla incorporar al IDAAN y a la Caja de Seguro Social (CSS) dentro de las entidades que puedan beneficiarse de este modelo para mejorar infraestructura pública.
La jefa de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas (SNAPP), Ana Julia Carreira, explicó que el proyecto busca contribuir al cierre de las brechas de infraestructura que enfrenta el país, especialmente en sectores considerados prioritarios como salud y suministro de agua potable.
Según la funcionaria, el impulso de las APP puede generar efectos positivos en la economía mediante una mayor movilización de inversiones y la creación de nuevas oportunidades de empleo.
Buscan reducir los tiempos de los proyectos
Uno de los objetivos centrales de la reforma es hacer más eficientes los procesos de estructuración y adjudicación de los proyectos APP.
Orillac puso como ejemplo los proyectos de la Panamericana Este y Panamericana Oeste, actualmente en ejecución.
Según explicó, el primer proyecto tomó aproximadamente 48 meses desde su inicio hasta su culminación y adjudicación, mientras que la segunda APP logró concretarse en alrededor de 18 meses.
El ministro atribuyó esta reducción a los ajustes aplicados durante la ejecución del segundo proyecto y señaló que la experiencia demuestra la necesidad de perfeccionar la normativa para evitar procesos excesivamente prolongados.
Mantenimiento será parte fundamental
Otro de los aspectos destacados por el ministro fue la importancia de garantizar el mantenimiento preventivo de las obras públicas durante la vigencia de los contratos.
Orillac señaló que muchas infraestructuras terminan deteriorándose en pocos años por la falta de mantenimiento, lo que obliga posteriormente al Estado a realizar nuevas inversiones para reconstruirlas o rehabilitarlas.
La reforma permitiría, además, extender los plazos de determinados contratos más allá de la etapa de construcción, facilitando que el mantenimiento forme parte integral del ciclo de vida de las obras.
“Si les damos el mantenimiento correspondiente, obtendremos mayores ahorros”, sostuvo.
13 artículos serán modificados y se incorporan seis nuevos
Durante la reunión, la titular de la SNAPP detalló que el proyecto contempla la modificación de 13 artículos de la legislación vigente y la incorporación de seis nuevos, tomando como referencia experiencias y mejores prácticas internacionales.
La intención es contar con un marco actualizado que permita al Estado estructurar proyectos de mayor impacto y responder con mayor rapidez a las necesidades de infraestructura.
Diputados plantean inquietudes
Los diputados participantes formularon preguntas sobre el alcance de la reforma y expusieron sus inquietudes al ministro Orillac y al equipo técnico de la SNAPP.
Las autoridades respondieron a los planteamientos y explicaron los mecanismos contemplados en la propuesta para garantizar que las APP se utilicen como una herramienta destinada a mejorar los servicios públicos y atraer inversión.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen, valoró el intercambio y señaló la importancia de mantener informada a la población sobre los proyectos que impulsa el Gobierno.
“Con esta reunión se evitan discusiones estériles. Es importante divulgar lo que estamos haciendo, porque la población necesita obras y soluciones”, afirmó.
Cohen destacó además que los diputados pueden servir como un canal para trasladar al Ejecutivo las necesidades que enfrentan las comunidades, particularmente en áreas como agua y servicios de salud.
Una apuesta por inversión y empleo
El Gobierno sostiene que la modernización del Régimen APP busca convertirlo en una herramienta más efectiva para acelerar inversiones estratégicas y responder al déficit de infraestructura pública.
La iniciativa plantea un mayor aprovechamiento de la participación privada, bajo mecanismos de contratación pública, para desarrollar proyectos que puedan impactar sectores esenciales y contribuir al crecimiento económico y la generación de empleos.
La discusión del proyecto continuará ahora en el proceso legislativo, donde los diputados deberán analizar sus disposiciones y determinar los cambios que consideren necesarios antes de su eventual aprobación.