Por: Erick Miranda Patiño
Docente Titular de Informática, 28 años de servicio. Fundador de la Red Académica Verano TIC.
El pueblo panameño se ha caracterizado históricamente por su solidaridad. Cuando una comunidad de nuestro país enfrenta una inundación, un incendio, un deslizamiento o cualquier otra emergencia, surgen manos dispuestas a colaborar. Esa misma solidaridad la hemos demostrado cuando las tragedias ocurren más allá de nuestras fronteras.
Ayudar, comprender y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles forma parte de los valores que distinguen a nuestra sociedad.
Hoy, los docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) enfrentamos una situación económica e institucional profundamente preocupante. Una realidad que afecta directamente a cientos de trabajadores y que, inevitablemente, alcanza también a sus familias.
No pedimos ayuda económica ni alimentos. Pedimos algo diferente, pero igualmente necesario: reflexión, comprensión, solidaridad, respuestas y una pronta solución.
Han transcurrido ya varios días sin recibir el pago correspondiente a la segunda quincena del 26 de agosto de 2026. A esta situación se suma la incertidumbre relacionada con nuestro derecho a la seguridad social. Son circunstancias que generan legítima preocupación y que requieren respuestas claras, transparentes y oportunas.
Detrás de un salario que no llega no existe solamente una cifra pendiente en una planilla. Hay madres y padres de familia, hijos, adultos mayores y estudiantes. Hay compromisos financieros, alimentación, medicamentos, transporte, servicios básicos, préstamos y múltiples obligaciones que continúan llegando puntualmente, aunque el salario no llegue.
Por ello, sería un error considerar que estamos frente a un problema exclusivamente interno de la universidad. Cuando cientos de trabajadores dejan de recibir oportunamente sus ingresos, las consecuencias alcanzan también a sus hogares, al comercio y a diferentes actividades económicas de la provincia de Chiriquí.
Las nuevas autoridades universitarias han indicado que debemos esperar hasta el miércoles 9 de septiembre de 2026. Para entonces habrán transcurrido aproximadamente quince días desde la fecha en que correspondía recibir el salario de la segunda quincena de agosto.
La espera preocupa, pero preocupa aún más la incertidumbre.
Nuestra universidad atraviesa un momento que demanda explicaciones transparentes. La anterior rectora renunció y actualmente contamos con nuevas autoridades. Sin embargo, la comunidad universitaria y la sociedad chiricana necesitan conocer con claridad qué ocurrió y cuáles son las causas que condujeron a esta situación.
Las preguntas son legítimas y necesarias:
¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué originó esta crisis? ¿Existen responsabilidades que deban investigarse? ¿Qué acciones concretas se están realizando para solucionarla? ¿Cuándo se normalizarán los pagos y la situación relacionada con la seguridad social? ¿Qué medidas se adoptarán para evitar que algo semejante vuelva a repetirse?
Solicitar respuestas no significa condenar anticipadamente a nadie. Si las investigaciones correspondientes determinan que existieron actuaciones irregulares o responsabilidades administrativas, civiles o de cualquier otra naturaleza, corresponderá a las autoridades competentes establecerlas, respetando siempre el debido proceso y las garantías que establece la ley.
Pero mientras se determina qué ocurrió, existe una realidad que no podemos ignorar: no es justo que las consecuencias de posibles errores, decisiones equivocadas o eventuales irregularidades recaigan sobre trabajadores y familias que no participaron en ellas.
Los docentes y administrativos hemos continuado cumpliendo con nuestras responsabilidades laborales. Seguimos atendiendo a nuestros estudiantes y desempeñando las funciones que nos corresponden, contribuyendo al funcionamiento de una institución fundamental para la educación superior y el desarrollo de nuestra provincia.
Por ello, quienes trabajan en la universidad y sus familias merecen respeto, tranquilidad y estabilidad.
Hoy apelamos a esa solidaridad que tantas veces ha demostrado el pueblo panameño.
No solicitamos colectas. No pedimos alimentos. No buscamos ayuda económica.
Pedimos comprensión ante la situación que vivimos y solidaridad con una petición elemental: que se conozca la verdad, que se brinden respuestas claras y que se encuentre una solución inmediata.
También debemos comprender algo fundamental: defender a la UNACHI no significa guardar silencio frente a sus problemas.
Defender nuestra universidad significa precisamente exigir transparencia, rendición de cuentas, institucionalidad y respeto por quienes diariamente trabajan y estudian en ella. Significa contribuir a que los problemas sean identificados, corregidos y, sobre todo, que no vuelvan a repetirse.
La UNACHI es mucho más que quienes temporalmente ejercen sus cargos de dirección. Es una comunidad integrada por estudiantes, docentes y administrativos. Es una institución estrechamente vinculada con el desarrollo social, educativo, científico, cultural y económico de Chiriquí.
Por eso, lo que hoy ocurre dentro de nuestra universidad trasciende sus paredes.
No se trata únicamente de una quincena pendiente. Se trata de la tranquilidad de cientos de hogares, de la confianza en una institución pública y de la necesidad de garantizar que quienes cumplen con su trabajo puedan recibir oportunamente aquello que legítimamente les corresponde.
Pedimos reflexión. Pedimos comprensión. Pedimos solidaridad. Pedimos respuestas. Pedimos transparencia. Y, fundamentalmente, pedimos una pronta solución.
Porque detrás de cada docente y cada administrativo que espera su salario hay una familia que también espera respuestas.
Hoy, la solidaridad también debe estar con las familias de la UNACHI.