Redacción – Panorama Económico
Panamá. — La seguridad jurídica, la fortaleza institucional y la confianza son factores determinantes para que Panamá pueda atraer nuevas inversiones, generar empleo y consolidar su competitividad internacional, advirtió la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
En su más reciente pronunciamiento, en su columna dominical “La Voz de APEDE”, el presidente de la organización, Alberto López Tom, destacó que los inversionistas no solo evalúan la posición geográfica, la conectividad, la plataforma logística o la economía dolarizada de Panamá, sino también la certeza de que las reglas se mantendrán, los contratos serán respetados y las instituciones funcionarán con estabilidad
APEDE sostiene que Panamá posee fortalezas importantes para competir por inversión, pero requiere instituciones capaces de generar certeza y confianza.
“Cuando las reglas son claras y las instituciones funcionan, las empresas invierten, reinvierten, generan empleo y se aventuran a crecer”, señala el documento.
La organización citó los resultados de la medición de Nivel de Confianza Económica de ELEMÉNTE, que en julio de 2026 alcanzó 8.1 sobre 10, mientras que el 22 % de las empresas consultadas prevé aumentar su planilla durante los próximos 12 meses.
Sin embargo, también existe cautela. El porcentaje de empresas que espera incrementar sus ventas durante ese período disminuyó de 61 % en junio a 52 % en julio, reflejando una percepción de confianza acompañada de prudencia frente al futuro.
Justicia y corrupción, principales desafíos
El organización empresarial puso especial atención en los indicadores relacionados con la calidad institucional.
Según el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá obtuvo una puntuación de 0.52 sobre 1, ocupando la posición 73 entre 143 países y el puesto 14 de 32 economías de América Latina y el Caribe.
El análisis revela importantes diferencias entre los componentes evaluados. Panamá ocupa el puesto 49 mundial en gobierno abierto, pero desciende al 87 en justicia civil, 93 en ausencia de corrupción y 105 en justicia penal.
Para APEDE, estos resultados evidencian que la administración de justicia constituye una de las principales áreas que el país debe fortalecer.
Como parte de su agenda institucional, la asociación anunció el impulso del Observatorio APEDE de Transparencia Judicial, una iniciativa destinada a dar seguimiento técnico y permanente al desempeño del sistema de justicia.
Instituciones que trasciendan a los gobiernos
El gremio empresarial también destacó la importancia de que las instituciones mantengan políticas de largo plazo independientemente de los cambios de administración.
En este contexto, hizo referencia a la reciente transición en el Ministerio de Educación, señalando que los avances en materia educativa no deben reiniciarse con cada cambio de dirigencia, sino que deben preservarse las políticas que funcionan y corregirse aquellas que requieran ajustes.
Asimismo, mencionó el caso de la Dirección General de Ingresos (DGI) y las irregularidades que se encuentran bajo investigación, señalando que estos hechos también ponen a prueba los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes.
APEDE subrayó que ambos casos reflejan un desafío más amplio: construir instituciones capaces de trascender a las personas, los gobiernos y las coyunturas políticas.
Panamá retrocede en libertad económica
El pronunciamiento también citó el Índice de Libertad Económica 2026, en el que Panamá obtuvo 64.9 puntos y ocupó la posición 63 entre 184 economías, frente al puesto 56 alcanzado un año antes.
En el Índice de Calidad Institucional 2026, las instituciones económicas panameñas ocuparon el puesto 57, mientras que las instituciones políticas se ubicaron en el puesto 75.
Para APEDE, estos indicadores refuerzan la necesidad de avanzar en áreas como justicia, transparencia, combate a la corrupción y aplicación efectiva de las normas.
Corrupción y competitividad
La organización también señaló que Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, por debajo del promedio de 42 puntos de las Américas.
En contraste, países como Uruguay, Chile y Costa Rica registraron mejores resultados, lo que, según APEDE, demuestra que la calidad institucional también representa un factor de competitividad.
No obstante, Panamá mantiene fortalezas importantes. En el Índice de Democracia 2025, el país alcanzó 7.04 sobre 10, ocupando el puesto 44 entre 167 países y el quinto lugar en América Latina y el Caribe.
Por otro lado, para el período 2026-2027, APEDE estableció como uno de sus principales ejes de trabajo la Gobernanza, Transparencia e Institucionalidad.
La organización también plantea fortalecer su propio gobierno corporativo y los mecanismos de rendición de cuentas como parte de su compromiso de contribuir al fortalecimiento institucional del país.
“Las instituciones deben ser más fuertes que las personas que temporalmente las dirigen”, plantea APEDE.
La asociación sostiene que fortalecer la seguridad jurídica y mejorar la eficiencia del sistema de justicia no solo contribuye a una mejor institucionalidad, sino que también genera las condiciones necesarias para atraer inversión, impulsar la innovación y crear empleos.
APEDE concluyó que Panamá tiene el potencial para avanzar, pero requiere instituciones sólidas, transparentes y eficientes, capaces de ofrecer reglas claras y seguridad jurídica.
“La confianza se construye con tiempo y resultados; convertirla en un activo del país es fundamental para atraer inversión, generar oportunidades y crecer con una visión de largo plazo”, afirmó López Tom.