-La ASEP podrá intervenir a las empresas eléctricas por faltas en el servicio. Las multas se elevan hasta B/.20 millones por infracciones a la Ley o a los contratos de concesión.-
Redacción – Panorama Económico
Panamá. El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 83-26, que autoriza al ministro de la Presidencia a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifica el Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, con el propósito de fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico, mejorar la calidad del servicio y reforzar la protección de los consumidores.
La iniciativa responde a las reiteradas quejas de los usuarios por las fluctuaciones de voltaje, interrupciones del suministro, daños a electrodomésticos y deficiencias en los procesos de atención, compensación e indemnización, alineándose con las acciones impulsadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para modernizar el sistema eléctrico nacional.
Entre los principales cambios, el proyecto establece mayores obligaciones para las empresas distribuidoras en materia de transparencia, atención de reclamos y cumplimiento de los estándares de calidad del servicio. Asimismo, contempla el reconocimiento de créditos a favor de los clientes cuando las distribuidoras incumplan las normas regulatorias vigentes.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es el endurecimiento del régimen sancionatorio. Las empresas concesionarias del servicio de electricidad podrán enfrentar multas de hasta B/.20 millones por infracciones a la ley o a los contratos de concesión.
La reforma también faculta a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para intervenir temporalmente a las empresas distribuidoras cuando sea necesario garantizar la continuidad del servicio o corregir incumplimientos graves. En estos casos, se designará un interventor cuya remuneración será asumida por la propia empresa intervenida y que no podrá mantener vínculos comerciales o profesionales con ella durante los dos años posteriores a la intervención.
En materia de modernización, el proyecto incorpora la implementación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, mayores estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión para fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico.
La propuesta también amplía la responsabilidad de las distribuidoras al incluir como parte de sus obligaciones la electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. Según la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, esta medida permitirá que alrededor de 150 mil familias que actualmente carecen del servicio puedan acceder a energía eléctrica.
Adicionalmente, la iniciativa introduce mecanismos para promover una mayor competencia en los procesos de venta de acciones de las empresas concesionarias de distribución eléctrica y fortalece las facultades de fiscalización de la ASEP, incluyendo la ampliación de sus competencias para gestionar procesos de resarcimiento económico a favor de los clientes afectados.
Con esta reforma, el Ejecutivo busca equilibrar la relación entre las empresas prestadoras del servicio y los usuarios, fortalecer la supervisión del sector y consolidar un sistema eléctrico más eficiente, transparente y confiable para el desarrollo económico del país.