Redacción – Panorama Económico
Ciudad de Panamá. – La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) afirmó que las investigaciones relacionadas con el presunto uso irregular de créditos fiscales en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI) representan un desafío para la institucionalidad tributaria del país y plantean la necesidad de fortalecer los controles, la transparencia y la seguridad de los registros oficiales.
A través de su columna dominical el gremio empresarial En su más reciente mensaje dominical, el gremio destacó que una auditoría interna de la DGI concluyó que US$36.01 millones de los US$42.4 millones utilizados por una entidad bancaria para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos. Al mismo tiempo, recordó que la entidad financiera involucrada ha sostenido que actuó de buena fe, al utilizar créditos que figuraban registrados y validados en la plataforma oficial.
La CCIAP señaló que este caso trasciende el impacto económico y pone en evidencia la importancia de preservar la confiabilidad de los sistemas informáticos del Estado, ya que la pérdida de confianza en los registros oficiales puede afectar la seguridad jurídica, la inversión y la credibilidad del país.
El gremio advirtió que, además de los recursos públicos comprometidos, existen empresas y contribuyentes que pudieron haber actuado confiando en documentos con apariencia de legalidad, mientras que otros podrían haber participado con conocimiento de las irregularidades. Por ello, consideró indispensable que las autoridades reconstruyan cada operación, identifiquen con precisión a quienes actuaron de buena fe y determinen las responsabilidades correspondientes, sin trasladar las consecuencias a los contribuyentes cumplidores.
Asimismo, recordó que los créditos fiscales son instrumentos legítimos creados y administrados por la propia DGI, por lo que los agentes económicos operan bajo el principio de confianza en la información emitida por el Estado. En ese sentido, sostuvo que cualquier manipulación del sistema e-Tax para alterar registros o generar créditos irregulares constituye una afectación directa a la institucionalidad tributaria.
La Cámara reconoció la actuación de las actuales autoridades de la DGI por presentar las denuncias correspondientes, pero enfatizó que el proceso debe continuar con investigaciones exhaustivas, recuperación de los recursos públicos y la aplicación de sanciones contra los responsables.
Como parte de sus recomendaciones, la CCIAP propuso fortalecer la cultura de integridad en los sectores público y privado mediante programas de cumplimiento, códigos de ética, canales de denuncia seguros, auditorías independientes, controles cruzados, sistemas de trazabilidad digital, alertas automáticas y mecanismos que permitan identificar cada modificación realizada en los registros electrónicos.
Finalmente, el gremio sostuvo que este caso debe marcar un punto de inflexión para reforzar la transparencia y la confianza en la administración tributaria. «Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades y sancionar a quienes resulten responsables. Sin privilegios. Sin encubrimientos. Sin excusas», concluyó la Cámara, al señalar que Panamá necesita recuperar la credibilidad institucional con acciones concretas y resultados verificables.