Redacción – Panorama Económico
Panamá. – El abogado Venancio Serrano, corredor de aduanas y exasesor legal de la Unión Nacional de Corredores de Aduanas de Panamá (UNCAP), presentó una solicitud formal ante el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, para que se suspendan las medidas que obligan a los importadores de atún y sardinas enlatadas, así como de aceite de soya, a obtener una licencia de comercialización de peces y pagar tasas adicionales por la inspección de contenedores.
En la comunicación dirigida a la máxima autoridad de la entidad, Serrano solicitó que se aclare el fundamento jurídico que sustenta la aplicación de este requisito a productos procesados y enlatados fuera de la jurisdicción panameña, procedentes de países como China, Malasia y Estados Unidos.
El jurista sostuvo que la Ley 204 de 18 de marzo de 2021 y el Decreto Ejecutivo No. 13 de 1 de noviembre de 2023 establecen las competencias de la ARAP sobre los recursos acuáticos del territorio nacional, pero consideró que dichas disposiciones no alcanzan a mercancías que ya han sido procesadas y envasadas en otros países.
Asimismo, advirtió que la exigencia de estas licencias y los cobros asociados están generando retrasos en los puertos, costos adicionales por almacenaje y un aumento en el precio final de productos de consumo masivo, situación que, según afirmó, afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población.
De igual forma, cuestionó la inclusión del aceite de soya dentro de los controles aplicados por la ARAP mediante el sistema informático SIGA de la Autoridad Nacional de Aduanas, al considerar que dicho producto no forma parte de los recursos marinos ni acuáticos sobre los cuales la institución tiene jurisdicción.
Serrano manifestó que estas medidas son incompatibles con las políticas gubernamentales orientadas a garantizar alimentos de calidad a precios accesibles para la población y sostuvo que las mismas afectan la dinámica del comercio local y la eficiencia de la administración pública.
Por ello, solicitó la intervención inmediata del administrador general de la ARAP para que se revisen y, de considerarlo pertinente, se dejen sin efecto las disposiciones que, a su juicio, están provocando un incremento innecesario en los costos de productos esenciales para la alimentación de los panameños.
La solicitud se produce en un contexto de creciente preocupación por los costos asociados a la importación de alimentos y el impacto que las regulaciones pueden tener sobre la cadena de suministro y el precio final que pagan los consumidores.