Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La Contraloría General de la República pondrá en marcha un operativo nacional de fiscalización durante la Semana Santa 2026, con el propósito de reforzar el control sobre el uso de los vehículos oficiales en todo el país.
La jornada, liderada por la Dirección Nacional de Fiscalización, busca prevenir el uso indebido de los bienes del Estado durante los días de asueto y garantizar que estos recursos sean utilizados exclusivamente para el cumplimiento de funciones institucionales.
Durante este periodo, todo vehículo estatal que se encuentre en circulación deberá portar placa oficial visible, contar con póliza vigente y disponer de un salvoconducto debidamente autorizado, en el que se detalle de forma precisa la misión oficial que justifique su movilización. Asimismo, el conductor deberá portar una licencia de conducir válida.
Los equipos de fiscalización estarán desplegados en puntos estratégicos a nivel nacional, donde realizarán inspecciones en campo y verificaciones aleatorias para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones. De igual forma, se dará atención inmediata a cualquier denuncia ciudadana relacionada con posibles irregularidades.
La entidad advirtió que el incumplimiento de estas normas podrá acarrear sanciones que van de B/.100.00 a B/.500.00, de acuerdo con la normativa vigente.
Como parte del fortalecimiento del control social y la transparencia, la Contraloría General de la República hace un llamado a la ciudadanía a asumir un rol activo en la vigilancia del uso correcto de los bienes públicos. Las denuncias sobre posibles irregularidades podrán presentarse a través de los correos electrónicos participacionciudadana@contraloria.gob.pa y denuncia@contraloria.gob.pa, así como mediante la línea 100.
Cada reporte será atendido y tramitado oportunamente, conforme a los procedimientos establecidos, garantizando la debida verificación de los hechos.
Con este operativo especial de Semana Santa, la Contraloría General de la República reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio público, velando porque los bienes del Estado estén al servicio exclusivo de la ciudadanía.
