Panamá- La reactivación económica de Panamá marcha un “poco lenta” por la burocracia excesiva en algunas entidades del gobierno nacional y los retrasos en los pagos a contratistas y proveedores del Estado que ejecutan proyectos en diversos sectores.
La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Elisa Suárez de Gómez, en entrevista con Panorama Económico afirmó que la economía nacional se va reactivando “más lento de lo que esperábamos, pero creciendo un poquito al fin”.
La empresaria consideró que existen oportunidades de seguir impulsando el crecimiento económico ante la difícil situación generada por la pandemia de la Covid-19, “siempre y cuando se cumplan varias expectativas” como es el caso de los acuerdos pactados entre el gobierno y el sector privado que incluye 37 puntos en segmentos como turismo, construcción, industrias, comercio y otros.
Suárez de Gómez señaló que existen proveedores que el Estado les adeuda cuentas por el desarrollo de proyectos desde el año pasado y a otros no se les ha hecho ningún desembolso en los seis primeros meses del 2022.
“La empresa privada no puede seguir financiando proyectos gubernamentales sin recibir pagos porque es inadmisible e insostenible, ya que las empresas a duras penas sobreviven”, aseguró la Presidenta de Apede.
Indicó que las obras pendientes de pago se desarrollan especialmente en áreas de infraestructuras y por suministros para la Canasta Básica Solidaria, lo cual afecta el desempeño del sector privado.
En la última reunión con proveedores del Estado, el MEF acordó el pago de 300 millones de balboas adeudados a finales de este mes de junio con el fin de cancelar las deudas atrasadas, adelantó.
Por otro lado, Suárez de Gómez consideró importante para un mayor impulso de la economía nacional “seguir insistiendo” en el acceso a fondos de fomento para diferentes actividades, donde los bancos ayuden a financiar proyectos de la empresa privada.
El Banco Mundial (BM) proyecta un alentador crecimiento económico del país en el 2022 de 6,5% que sería uno de los más altos de Latinoamérica ante el fuerte impacto de la emergencia sanitaria desde marzo de 2020 en todos los sectores productivos.
