Hong Kong, 12 de febrero de 2026. — CK Hutchison Holdings Limited (CKHH) informó que ha notificado a la República de Panamá sobre una disputa en el marco de un tratado de protección de inversiones, con el objetivo de salvaguardar sus derechos e intereses frente a las medidas adoptadas por el Estado panameño que, según la empresa, afectan a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria indirecta del grupo.
La acción se produce tras el anuncio del Órgano Judicial del 29 de enero de 2026 sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional la Ley N.º 5 del 16 de enero de 1997, normativa que ha servido de base al contrato de concesión y a las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas.
CKHH sostiene que dicha determinación es ilegal. Aunque el fallo aún no ha sido publicado ni ha entrado en vigor, la compañía afirma que el Estado panameño ha avanzado hacia una eventual salida forzada de PPC y una transición del sector portuario, sin claridad sobre los planes operativos.
La empresa recordó además que PPC inició el 3 de febrero de 2026 un arbitraje en virtud del contrato de concesión aplicable. Asimismo, indicó que continuará evaluando, junto a sus asesores legales, recursos adicionales tanto a nivel nacional como internacional.
En este contexto, CKHH señaló que la Autoridad Marítima de Panamá anunció el 30 de enero de 2026 que contaría con APM Terminals (APMT), afiliada a A.P. Moller – Maersk A/S, como administrador temporal de las terminales de PPC en Balboa y Cristóbal, como parte de un plan de transición.
El 10 de febrero, Hutchison Port Holdings Limited notificó a A.P. Moller – Maersk A/S que cualquier asunción de la administración u operación de las terminales por parte de APMT, sin el consentimiento de CKHH, causaría daños a CKHH, HPH y PPC, y daría lugar a acciones legales.
CKHH reiteró que mantiene su compromiso de proteger a los empleados, clientes y proveedores, así como de evitar disrupciones en las actividades portuarias y en el tránsito de buques y carga vinculados al Canal de Panamá, en la medida en que las decisiones judiciales y estatales lo permitan.
Finalmente, la empresa sostuvo que la continuidad de las operaciones en las terminales de Balboa y Cristóbal depende exclusivamente de las acciones de la Corte Suprema de Justicia y del Estado panameño, circunstancias que —según indicó— están fuera del control de CKHH, HPH y PPC.