Redacción – Panorama Económico
Panamá. – La Contraloría General de la República informa a la ciudadanía que, tras un análisis integral, técnico y jurídico, no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, al identificarse múltiples inconsistencias que impiden su viabilidad legal y administrativa.
Entre los principales hallazgos, se determinó que, mediante Resolución No. 01- 2026 de 13 de enero de 2026, la Junta Directiva Extraordinaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), por instrucciones del Órgano Ejecutivo, autorizó a la AAUD a asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, a partir del 19 de enero de 2026, conforme a la Ley 51 de 2010 y la Ley 276 de 2021.
En consecuencia, la Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio, toda vez que la AAUD ya había intervenido desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito, por razones de orden sanitario, lo que hace jurídicamente inviable el refrendo de dichos contratos.
Adicionalmente, el análisis detectó incumplimientos técnicos y administrativos,
entre ellos:
Falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio.
Ausencia del permiso Sanitario de Operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública, requisito establecido en el numeral 2 del Articulo 8 del Decreto Ejecutivo No 176 de 27 de mayo de 2019, indispensable para actividades que impactan directamente la salud pública.
Inconsistencias contractuales, como la falta de claridad en la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, que debían ajustarse a los términos de referencia.
Inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, los cuales no cuentan con sustento legal ni presupuestario.
En materia de fiscalización, se verificó además que:
No existe partida presupuestaria debidamente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde el contrato.
No se aportó estudio de mercado ni análisis de precios que sustente el precio de referencia del servicio.
No se presentó un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente firmado y sellado por el idóneo correspondiente.
La Contraloría General de la República reafirma a la ciudadanía que su actuación responde exclusivamente a la defensa del interés público, al buen uso de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley, garantizando que ningún contrato se refrende si no cumple con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios exigidos.
La institución reitera su compromiso de velar por la correcta administración de los fondos públicos, en beneficio de todos los panameños.